Se habilitó el cambio de manos de los predios porteños que funcionaron como centros clandestinos de detención durante la última dictadura cívico- militar. También se aprobó el pedido del oficialismo para tomar un préstamo por 185 millones de dólares y el proyecto que permitiría la colocación de emprendimientos privados como bares en plazas y espacios públicos, lo que generó empujones en las gradas.