En diálogo con La Noticia Web Ciudad, el titular de la Auditoría General de la Ciudad criticó duramente la labor realizada por el macrismo en materia de inspecciones y habilitaciones. Escuchá el audio.
¿Cómo observan desde la auditoría los controles en la ciudad de buenos aires?
Observamos que están fallando. El tema en general del control en la ciudad está muy debilitado, estamos en un estado de máxima fragilidad. Ha habido distintos hechos en los últimos años en la ciudad que han generado muertos, victimas y pérdidas económicas. En general muchos podrían haberse evitado de haber hecho caso a alertas que se produjeron con anterioridad, avisos acerca de que había riesgo de que algo pasara. Sin embargo un estado ausente y especialmente funcionarios, que tiene la responsabilidad de control, no hicieron caso a estas alarmas previas. En cada caso particular hubo avisos de diferente tipo, pero en todos hubo alertas previas que no se respondieron.
¿A qué atribuye esta suerte de relajamiento de los controles?
Yo creo que en principio hay una situación de ineficacia e ineficiencia y en algunos casos puede llegar a haber situaciones de corrupción. Hay un nivel importante de convivencia sobre todo en las áreas que tienen más que ver con desarrollo económico. En los casos de los derrumbes en las obras en construcción, estamos hablando de situaciones que se produjeron con posterioridad a avisos que se realizaron por parte del propio sindicato, la UOCRA. El gremio inspecciona las obras para cuidar la seguridad de sus trabajadores y, en el caso específico del gimnasio, había informado sobre problemas como la falta de apuntalamiento de las medianeras que fue finalmente lo que generó el derrumbe. En el caso de los talleres clandestinos, estamos hablando de que el propio gobierno de la ciudad promulgó una ley en el año 2008 declarando la emergencia con respecto a los talleres de la industria del calzado e indumentaria en la ciudad como consecuencia de un incidente que se produjo en el 2006 y que dejó 6 muertos y esa ley nunca fue reglamentada. En el caso de los geriátricos, hay también una ley que regula la actividad de estos establecimientos y cuyo artículo 4 que es el que determina la relación entre cantidad de personal y de pacientes que debe haber en la institución tampoco está reglamentado. Quiero decir, hay falta de decisión política y convivencia en muchos casos. Sobre todo en el área de seguridad e higiene, pude saber a través de hablar con el personal, que funciona una suerte de unidad ad hoc que se dedica a levantar las clausuras que otros inspectores hacen.
¿Cuáles son los dos o tres puntos que observan con mayor preocupación desde la Auditoría?
Lo que está plasmado en el informe de la Auditoría es que mas allá de que se hagan una cantidad de inspección que efectivamente se realizan, el tiempo que transcurre entre que se produce la inspección y que surja una determinación vinculada a esta puede llegar a pasar un año por lo cual el nivel de burocratización que tienen estas áreas es muy alta. Este retardo pone en riesgo la seguridad de los trabajadores. En la medida en que si va un inspector y detecta una anomalía que tiene potencial peligro y no se subsana, bueno después cuando ocurren las cosas, no ocurren por casualidad.
¿Y en otras áreas que no tenga que ver con las habilitaciones?
En otras áreas es un gobierno muy permisivo sobre todo con el sector privado. Recordemos que en la ciudad tuvimos la desgracia de Cromañon con gran cantidad de muertos, y este gobierno vino entre otras cosas como consecuencia de este hecho. Por lo tanto si había algo que había que mejorar o que Macri tenía el mandato popular para mejorar era sin duda la cuestión del control. Y yo diría que hoy, si uno analiza globalmente, estamos igual o peor que cuando sucedió el incendio en Cromañon en la Ciudad de Buenos Aires.
