Politica

Imputan a Cristina Kirchner por lavado de dinero

La ex presidenta de la Nación, fue imputada por el fiscal Marijuan, por el delito de lavado de dinero, en la causa por la que esá detenido Lázaro Báez.

En la causa por lavado de dinero a través de la financiera SGI, motejada como La Rosadita, que es propiedad de Lázaro Báez, el fiscal federal Guillermo Marijuán le pidió al juez que investigue a la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, al exministro de Planificación Federal, Julio de Vido, al expresidente del Banco Nación, Juan Carlos Fábrega y al empresario de la construcción, Carlos Wagner.

Las razones de la solicitud de Marijuán para ampliar la acusación nacieron de las declaraciones de Leonardo Fariña, que trascendieron sólo parcialmente, ya que el fiscal terminó la indagatoria al excontador de Báez y viajó inmediatamente a los Estado Unidos, a la vez que quedó impedido de hablar sobre la causa hasta que avance la instrucción.

Las referencias que hizo Fariña contra la expresidente le fueron referidas a través de terceros: el conocido “me dijo” o “escuché decir”. Por ejemplo, escuchó a Báez afirmar que Cristina lo había acusado de robarle la plata a Kirchner cuando la sacaba del país. Además -siempre según Fariña- escuchó a Báez relatar que Cristina le preguntó si era verdad que sacaba plata del país.

De todos modos, Fariña también aclaró que nunca tuvo una relación personal con la expresidente, aunque aseguró que sí tuvo trato personal con Néstor Kirchner. También declaró que el enojo de la expresidente con Báez se tradujo en que no recibió nuevas adjudicaciones de obra pública. Siempre de acuerdo a lo que le escuchó decir a Báez, dijo haber sabido de primera mano cómo se adjudicaban las obras públicas durante el kirchnerismo.

Algunas fuentes judiciales se mostraron sorprendidas por el requerimiento de investigación sobre la expresidente, teniendo en cuenta que las maniobras de dinero que detalló Fariña en su declaración imputarían sólo a Lázaro Báez y su hijo Martín. Fariña dio detalles de la metodología utilizada para fugar capitales al exterior y aclaró que el vínculo del que él podía hablar era el que unía a Báez con Néstor Kirchner, por la amistad entre estos dos.

Aquí declaró que las adjudicaciones de obra pública a las empresas de Báez fueron menores desde el fallecimiento del expresidente, informando que desde entonces la fuga de capitales al exterior se acentuó.

Es impredecible el giro que tomará la causa de ahora en más, lo que sí es seguro es que la investigación hasta ahora no ha arrojado evidencias contundentes acerca de la culpabilidad de la expresidente, más allá de algunos titulares en la prensa. Hasta ahora ha habido algunas imputaciones logradas a través de testimonios, pero no se encontró prueba documental, que si se hallara, sería claramente inculpatoria y sería difícil para la exmandataria contradecirlas.

También resulta una desprolijidad el hecho de que Fariña haya permanecido preso por dos años, contradiciéndose permanentemente, presentando escritos que desmentían declaraciones anteriores y zigzagueando entre la verdad, la mentira y la duda.

Así, el 17 de febrero de este año, el procesado exmarido de Karina Jelinek planteó que “no necesito de una ley del arrepentido para colaborar en la Justicia” y que “siempre me ajusté a derecho” y que, menos aún, “estoy protegiendo a nadie”. Desmintiendo esta declaración, Fariña solicitó que se le permita acogerse a los beneficios que otorga la ley del arrepentido.

Pero anteriormente, el 12 de marzo de 2015, en un diálogo telefónico con Canal 13 sostenido desde la cárcel, el mediático contador sostuvo que la cámara supuestamente oculta que le hizo Jorge Lanata “fue totalmente pactada” y que su objetivo era cobrar una deuda. Explicando su acuerdo con el periodista de Canal 13, reconoció que “me asesoraron de una manera que no me benefició” al aceptar realizar esa serie de entrevistas.

Según el testimonio, en el que desmintió anteriores declaraciones suyas realizadas en sede judicial, acusó en cámara a Lázaro Báez de lavar dinero como parte de una estrategia “jurídico-mediática” que le sugirieron sus abogados -que al momento de presentar este escrito ya no lo eran- Horacio Petracci Torre e Iván Mendoza. El objetivo era extorsionar a Báez para que le pagara “honorarios profesionales” que le adeudaba.