Estarán habilitados a trabajar en zonas con leve oferta gastronómica.
A raíz de una nueva encuesta que lanzó el ejecutivo porteño a los ciudadanos para saber si estaban de acuerdo con que haya camiones de comida en los barrios, alejados de locales gastronómicos, se envió una ley para reglamentar su funcionamiento.
110.000 personas participaron y 83% lo hicieron de modo positivo. Esto derivó en el envío a la Legislatura de un proyecto de ley que se basó en propuestas de los ediles Francisco Quintana (PRO) e Inés Gorbea (ECO). El mismo fue aprobado con 43 votos a favor, siete en contra y dos abstenciones. El FPV y un sector de la izquierda fueron los votos no positivos.
Algunos de los puntos básicos de la norma que los habilita a funcionar en la vía pública y los saca de la exclusividad de los eventos privados, son:
El Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño establecerá los sitios para su funcionamiento. Deberán estar ubicados a 200 metros o más de cualquier local gastronómico.
Por otra parte, contarán con permisos anuales por el que deberán abonar un canon anual de $18.000. Los mismos no podrán ser otorgados a personas que “hayan sido condenadas, en el país o en el extranjero, por delito doloso que constituya delito en nuestra legislación”. Este artículo fue uno de los que causó disidencias en la Legislatura y el no apoyo del FPV.
En tanto, los camiones, deberán contar con un tanque de agua potable de 50 litros como mínimo; agua caliente; heladeras y equipos de cocción eléctricos.
Además, los food trucks recibirán una habilitación general, que tendrá un año de vigencia y con posibilidad de renovación, que otorgará la Agencia Gubernamental de Control.
