El presidente de la Nación, fue imputado a instancia de un denuncia penal, tomada por el fiscal Federico Delgado. La causa radica en el juzgado de Sebastián Casanello.
Mientras el oficialismo intenta quitarle importancia al escándalo mundial Panamá Papers, el fiscal federal Federico Delgado decidió investigar al presidente Mauricio Mácri para determinar si “omitió maliciosamente completar su declaración jurada” por las sociedades offshore que tiene en Bahamas a los efectos de evadir el pago de impuestos.
Así surge del dictamen al que accedió Infobae, donde el representante del Ministerio Público concluyó que hay elementos para que se abra la pesquisa y determinar si el jefe de Estado cometió un delito.
La imputación surge a raíz de una demanda del diputado nacional Norman Darío Martínez, del Frente para la Victoria por Neuquén.
“La labor del sistema judicial de nuestro país se ve acotada a límites precisos: los de la ley vigente. En este caso, se habrá de determinar, como primer paso, si el señor Mauricio Macri omitió maliciosamente completar su declaración jurada”, analizó Delgado.
El delito que se investiga es el de la figura prevista en el artículo 268, del Código Penal, que establece: “En la misma pena [15 días a dos años e inhabilitación especial perpetua] incurrirá el que maliciosamente, falseare u omitiere insertar los datos que las referidas declaraciones juradas deban contener de conformidad con las leyes y reglamentos aplicable”.
El requerimiento reza que el segundo momento de la investigación solicitada “es más complejo”. Se vincula con “determinar si la ‘vida social’ de las empresas infringió algún tipo penal y, en ese caso, si Mauricio Macri tuvo que ver con la puesta en movimiento de ese comportamiento societal. Tampoco se nos escapa que ya hubo aclaraciones públicas sobre ello. Pero aún así, el trabajo judicial es determinarlo”.
El nombre del presidente de la Argentina apareció entre los empresarios y políticos que montaron compañías offshore en paraísos fiscales, según una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, entre ellos los argentinos Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky, Iván Ruiz y Mariel Fitz Patrick.
El Poder Ejecutivo difundió un comunicado de prensa en el que defendió la legalidad de la maniobra y aseguró que el jefe de Estado no tenía la obligación de declarar ante las autoridades fiscales su participación porque no había obtenido dividendos de la operación.
Ahora la Justicia determinará si la interpretación oficial es la adecuada o si se violó alguna norma.