El juez federal que investiga lo ocurrido en Costa Salguero, rechazó los cuestionamientos por parte de funcionarios del área de seguridad.
Una extraña polémica se desató este martes luego de que un funcionario del Ministerio de Seguridad acusara a colaboradores del juez federal Sebastián Casanello de haber pedido que no molestaran a los chicos que el sábado a la madrugada querían divertirse en la fiesta electrónica de Time Warp.
A través de un oficio dirigido a la ministra Patricia Bullrich, el magistrado remitió las declaraciones de los empleados judiciales Gustavo Javier Russo y Martín Smietniansky, quienes habían sido señalados en la denuncia original del Ministerio de Seguridad.
Según el escrito al que accedió Infobae, ambos abogados descartaron la acusación y aseguraron que no mantuvieron conversación alguna con los prefectos que estuvieron a cargo del operativo de seguridad en el complejo Costa Salguero.
“Señor Juez, le informo a usted que no he mantenido reunión, encuentro ni contacto alguno con el Prefecto Rubén Eduardo Farrus ni con el Subprefecto Meraldo Verón del Departamento de Investigaciones de Narcotráfico de la Prefectura Naval Argentina, ni con ningún otro integrante de esa fuerza en las circunstancias a las que hace referencia en el oficio rubricado por el Dr.Guillermo Soares Gache y que en este acto tenga a la vista, ni en ninguna otra circunstancia”, aseguró Russo, secretario del juzgado nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°7.
Soares Gache, subsecretario de Articulación con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad de la Nación, es el funcionario que había señalado a los colaboradores de Casanello en una presentación realizada el lunes por la tarde, cuyos detalles fueron publicados por este medio.
Smietniansky, el otro secretario del juzgado, no sólo rechazó la denuncia, sino que recordó que se le solicitó a los efectivos que estuvieron a cargo de la seguridad del complejo Costa Salguero que debían intervenir “ante la aparición de conductas en infracción a la ley de estupefacientes” e “informar inmediatamente a la autoridad judicial”.
El magistrado federal le pidió a la ministra Bullrich que adopte “las medidas de rigor dada la gravedad y urgencia del caso” y adelantó que su oficina evaluará “la actuación de los preventores” y la “filtración de la información” que publicó Infobae en la mañana del martes.
