En entrevista con LaNoticiaWeb, la diputada nacional Carla Carrizo habló sobre su proyecto para regular la difusión y confección de encuestas políticas en procesos de campaña electoral.
Durante una charla exclusiva con LaNoticiaWeb Radio, Carla Carrizo, diputada nacional por Suma + ECO, remarcó la importancia de su proyecto que busca regularizar el manejo de las encuestas, en el marco de la polémica por las cifras que daban como amplio ganador a Horacio Rodríguez Larreta en Capital Federal, y habló sobre la campaña del candidato de su bloque Martín Lousteau.
¿De qué trata el proyecto?
La idea básica del proyecto es no cerciorar la libertad de expresión sino mejorar la calidad de los datos que se manipulan en las encuestas. En Argentina, con la ley de las PASO, se reguló bien el manejo de la información de encuestas. El problema es que falta darle una vuelta de tuerca, la cual hoy en día permite la manipulación de los datos de manera arbitraria. Tenemos que exigir parámetros de calidad internacional al momento de publicar las encuestas. Todos sabemos que los periodistas y los diarios tienen que levantar la imagen de su candidato horas antes de las elecciones. Lo cierto es que la información, durante un proceso electoral, es de bien público y todo tiene un límite. Por ende, la manipulación es una arbitrariedad que maneja la voluntad electoral.
¿La ley de las PASO no repercute en la Ciudad de Buenos Aires?
No, porque cada provincia es autónoma y tiene sus propias leyes. En la ciudad estamos con un déficit en la regulación, tanto del cuándo como del cómo publicar datos de encuestas. A nivel nacional avanzamos bastante desde el 2009, pero hay un vacío cuando los consultores nos pasan toda la data porque no revelan la fuente, no dan esa información. Hay 17 parámetros internacionales que se exigen cuando se publican datos de un proceso electoral. En Argentina sólo se aplican 4 o 5. No queremos cerciorar la libertad de expresión, buscamos mejorar la calidad de los datos publicados.
¿Cuáles son algunos de estos parámetros?
Conocer quiénes contratan los servicios de encuesta, quién es el responsable de llevar a delante el mapeo de data, cómo se aplica el ítem de “rechazo” en la muestra. Todo esto, si no se aplica correctamente, genera distorsiones y, al no estar clara la data que se nos brinda, permite que los encuestadores tengan un amplio margen de arbitrariedad para decir que fue un problema de error y no de manipulación. Las consultoras tienen que proveer estos parámetros de calidad que se aplican en todas las democracias y tienen que esclarecer los datos a los medios.
¿Qué organismo debería regular esto?
Tiene que ser controlado por la Cámara Nacional Electoral, que es la que aplicaría multas en caso de que un editor contrate una consultora y no publique la base de datos. A los medios que violen los parámetros de calidad se los multaría con cifras que van desde los 50 mil a los 500 mil pesos.
¿En qué instancia se encuentra el proyecto?
Ya ingresó a la Cámara de Diputados, tenemos el apoyo de siete bloques parlamentarios. La idea es que, como en los procesos electorales todos tienen intereses creados, podamos proteger el derecho de los lectores a la información de las encuestas. Con este proyecto buscamos conquistar derechos, no cercenar libertades.
Llevándola al plano de la política en la Ciudad de Buenos Aires ¿Cuál es su análisis sobre la campaña de Martín Lousteau?
Fue una excelente elección. Pudimos ser fieles a nuestras propuestas, no nos adaptamos a ninguna encuesta ni a ninguna estrategia de marketing. Siempre quisimos crear una opción para que el electorado pueda salir del dilema polarizador de la política argentina con una alternativa generacional.