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Bonadío citó a indagatoria al titular de PAMI por la denuncia de Ocaña

Luciano Di Césare, titular del PAMI, fue citado para comparecer frente al juez federal ante la denuncia realizada por la legisladora de Confianza Pública.

En medio del clima electoral que se respira en los tribunales Comodoro Py, el juez federal Claudio Bonadio llamó ayer a indagatoria al titular del PAMI Luciano Di Cesare, al ex ministro de Economía Hernán Lorenzino y al ex gerente general del Banco Nación Juan Carlos Fábrega, en la causa que se investiga un eventual fraude a la administración pública por la compra de letras del Tesoro con fondos del PAMI, entre otras irregularidades.

Las indagatorias, pautadas para la semana próxima, se habrían activado tras un informe preliminar de los peritos oficiales que intervienen en la causa. Di Cesare, el principal imputado y el único que hasta ahora se había presentado, declararía el próximo jueves, tres días antes de las elecciones presidenciales, pudo saber Clarín de fuentes judiciales.

Tras su salida de Economía, Lorenzino fue designado embajador ante la Unión Europea y luego de Luxemburgo. Fábrega, en cambio, se fue del Gobierno hace un año tras una fuerte pelea con Cristina.

La causa fue impulsada en 2013 por el fiscal Carlos Stornelli, quien pidió investigar la compra de letras de Tesoro entre 2008 y 2012 con fondos del PAMI. En su declaración testimonial, la legisladora Graciela Ocaña denunció que en 2012 la obra social tenía aprobado un presupuesto de 26 mil millones de pesos, y que usó parte de ese monto para comprar 2.330 millones de Letras del Tesoro.

La causa amplió su objeto con el paso del tiempo. A la hipótesis inicial se le agregó la construcción de hospitales, siempre con fondos del PAMI, en las localidades de La Matanza, Esteban Echeverría, Ituzaingó, Escobar, General Rodríguez, y en la provincia de Entre Ríos. Al día de hoy ninguno funciona. También se investigó un acuerdo de cooperación con la Sedronar, luego del escándalo de la efedrina, para generar un programa de trazabilidad de los precursores químicos.

A lo largo de la investigación, Bonadio allanó varias veces la sede de la obra social para buscar documentación. La última vez –en realidad fue una orden de presentación– ocurrió el jueves pasado, cuando personal de Gendarmería se presentó en las oficinas centrales del PAMI para requerir documentos. Un día después, Di Cesare recusó a Bonadio porque le habría negado acceder a la causa en varias oportunidades.

El juez –que la semana pasada llamó a indagatoria a Aníbal Fernández y a otros funcionarios por el Plan Qunita– encargó un peritaje a los expertos de la Corte Suprema sobre todos los movimientos financieros de la obra social desde el 2008. El actual fiscal de la causa, Franco Picardi, cercano al Gobierno, pidió que ese estudio se acote solo al 2012, lo que finalmente fue rechazado por la Cámara Federal. También hay en el expediente un informe de la Auditoría General de la Nación sobre los balances del PAMI.
Di Cesare se presentó en la causa a comienzos de este año y justificó su accionar en la Ley de Presupuesto. En declaraciones a los medios agregó que “el PAMI ganó muchos millones más que si hubiera puesto el dinero en plazo fijo”.

El juez Bonadio está en la mira del Gobierno luego de su participación en la causa Hotesur, donde se investigan los negocios hoteleros de la Presidenta y de su hijo Máximo. Los allanamientos ordenados el 13 de julio pasado en el Sur determinaron su apartamiento, con la intervención clave de la Sala I de la Cámara Federal. “Si aparezco suicidado, busquen al asesino”, dijo en el momento de mayor tensión. El juez reaccionó con una serie de allanamientos en YPF, Enarsa y el Ministerio de Planificación en una causa por supuestos delitos en las importaciones de gas.

La Sala I de la Cámara, que integran los jueces Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero, también apartó a Bonadio de una causa contra el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno por el cotillón anti Clarín.

El viernes pasado, Bonadio quebró la apatía de Comodoro Py y citó a indagatoria al jefe de gabinete Aníbal Fernández, al ministro de Salud Daniel Gollán, y al gobernador electo de Tucumán, Juan Manzur, por la polémica licitación en el Plan Qunita