Politica

Se espera que el Gobierno Nacional extienda el decreto que congela alquileres y desalojos

El decreto 766 vence el 31 de enero y se trabaja en su prórroga, aunque sin plazo confirmado.

El Gobierno de Alberto Fernández trabaja en la extensión del congelamiento de precios de los alquileres y la suspensión de los desalojos por falta de pago en el marco de la pandemia. La medida vence el 31 de enero y se espera que sea prorrogada, aunque todavía no está confirmado hasta qué plazo.

“Se está trabajando en una prórroga del decreto, lo que no está confirmado es el plazo”, dijo una fuente gubernamental a Página 12. El decreto 320 fue publicado a fines de marzo del año pasado, luego de establecida la cuarentena, y en septiembre fue extendido por el decreto 766 hasta el 31 de enero.

La prórroga anterior fue a sólo dos días del vencimiento. Esta vez, el reclamo por la extensión incluye también el pedido de que se haga cuanto antes, para evitar la incertidumbre y la angustia de quienes no saben si deben buscar un nuevo techo con urgencia.

Las organizaciones sociales ya venían realizando iniciativas para exigir la extensión de las medidas de emergencia, y este lunes anunciaron una movilización para el próximo jueves.

“Como ya alertamos en acciones anteriores, en caso de no prorrogarse y extenderse el DNU 766, en febrero comenzará una ola de desalojos sin precedentes. No hay plan de contingencia en ningún nivel del estado para las miles de personas y familias habitantes e inquilinas a nivel nacional que se ven al borde de quedar en la calle, en caso de levantarse la suspensión de los desalojos por falta de pago”, advirtieron desde la campaña #ProhibidoDesalojar. Si no hay novedades antes, la convocatoria será en Obelisco a las 10 para movilizar al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de Nación.

Además de la extensión, demandan un “plan de desendeudamiento, con otorgamiento de créditos a tasa 0. Además, creación de programas de subsidios habitacionales para personas y familias en riesgo de situación de calle. En el caso de CABA, exigimos que el IVC habilite una mesa de trabajo con las organizaciones e inquilines, para arribar a una solución real y con participación popular”.