Desde el Gobierno porteño anunciaron que se terminará en dos años. Los motivos de la demora que contempla el tendido de redes cloacales y pluviales.
Para los vecinos, dirigentes políticos y sociales, y urbanistas se trató siempre de una obra innecesaria. Sin embargo, para el Gobierno de la Ciudad, correr la autopista Illia es vital para lograr esa transformación. La obra iba a estar terminada para 2019, pero ahora, con el 30% de avance, ha sido reprogramada con nueva fecha de inauguración para 2020.
Desde la Secretaría de Integración Urbana y Social, explican que la zona colapsó porque allí se está llevando a cabo la obra del Paseo del Bajo, la autopista en trinchera, que será exclusiva para camiones y ómnibus, empalmará con la Illia a la altura del peaje. Desde el verano pasado las inmediaciones de las estaciones de trenes y de la Terminal de Ómnibus, son un constante caos. Y todo empeoraría si se suma otra obra.
El legislador porteño Gabriel Solano mostró su preocupación a Clarín: “Para llevar a cabo la nueva Illia se endeudó a la Ciudad en 194 millones de dólares. Desde el principio fuimos críticos de este tipo de préstamos, porque son imposibles de pagar. En un escenario negativo se suma ahora la devaluación. ¿Por qué endeudar a la Ciudad con una obra que ahora quedó en veremos?”.
Para llevar a cabo las nuevas obras de urbanización en un marco de legalidad, la Ciudad giró a la Legislatura porteña un dictamen que busca que se convierta en ley antes de fin de año. Y hay enormes chances de que eso ocurra, porque el oficialismo tiene mayoría en el recinto (34 legisladores propios, más bloques aliados).
Desde la ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia), con una importante presencia en esta y otras villas de la Ciudad, realizaron una evaluación sobre ese dictamen y explican por qué es rechazado por los vecinos. “Tiene muchas carencias, como la de soluciones para los inquilinos, y temas preocupantes, como la posibilidad de que personas que no residan en el barrio compren parcelas, o que un mismo vecino de la villa tenga más de una parcela. Además, se concede una capacidad constructiva significativamente mayor a zonas cercanas a vías principales y espacios públicos de gran escala. Y continúa faltando claridad sobre la futura apertura de calles”, explican.
Un tema que atraviesa a todos los habitantes de las villas que se encuentran en obra (Rodrigo Bueno, 20 y Fraga, entre otras) es el costo de las viviendas: “Los vecinos sufren un shock económico. Por supuesto, todas las familias están angustiadas por la situación económica, pero aquí se trata de familias que pasan de la informalidad a la formalidad. Si bien el costo de una vivienda puede licuarse en algunos años, el de los servicios públicos e impuestos, no. Y la Ciudad marca diferencias espantosas, porque no prevé construir el tendido de gas ya que dijeron que es muy costoso”, contó Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad.
Otro tema, que algunos vecinos vinculan con una transformación negativa, es la autorización constructiva: hoy el 3% de la villa tiene construcciones comerciales y el dictamen autorizaría a llevar el porcentaje a un 20%.
“Todo lleva a pensar que el Gobierno busca la expulsión de los vecinos. Suena como algo delirante, pero todos sabemos que la presión inmobiliaria puede lograr lo que no consiguieron ni los militares”, confió a Clarín un histórico dirigente barrial, con mil debates en su espalda y toda una vida en el barrio.
