Ciudad

Familias relocalizadas de la cuenca del Riachuelo llevan una década sin gas natural

“Llama la atención” el “desentendimiento del IVC”, que “se escuda en que no es el responsable de la obra pública, cuando fue dicho organismo el encargado de relocalizar a las familias.

Gran cantidad de familias que fueron “relocalizadas” para el saneamiento de la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo carecen de gas natural desde hace una década, denunció el asesor tutelar de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires Gustavo Moreno.

La denuncia está contenida en un oficio dirigido al Cuerpo Colegiado integrado por Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, la Asociación de Vecinos “La Boca”, el Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, y la Fundación Greenpeace Argentina, creado por la Corte para la “participación ciudadana” en el monitoreo de la ejecución de la sentencia dictada el 8 de julio de 2008 en la causa “Mendoza”.

Según consignó la agencia estatal Télam, Moreno indicó que “se vulneran los derechos de incidencia colectiva de las familias del asentamiento ‘Luján’, que fueron relocalizadas hace 10 años”, en el complejo ubicado en las avenidas Fernández de la Cruz y Lacarra de esta Capital, ya que la falta de gas natural genera una situación de “riesgo” para sus habitantes, que deben utilizar garrafas.

“Entiendo que la relocalización del asentamiento ‘Luján’ ha sido un verdadero desalojo forzoso efectuado a través de la ejecución de una sentencia judicial”, consignó la nota, y agregó que en su momento el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) entregó las viviendas bajo la modalidad de “tenencia precaria”.

Moreno recordó que hace una década personal a su cargo “se constituyó en el predio” para relevar a una treintena de familias -actualmente hay casi dos centenares de viviendas- y, “entre varias irregularidades de infraestructura”, se detectó que no contaban con provisión de gas natural, sino que el fluido se otorgaba a través de dos “garrafas sociales” de 10 kilogramos cada una por mes.

El asesor tutelar ante la Cámara sostuvo que hubo proyectos que no se concretaron y que le “llama la atención” el “desentendimiento del IVC”, que “se escuda en que no es el responsable de la obra pública, cuando fue dicho organismo el encargado de relocalizar a las familias” ofreciendo el predio.

“Hasta la fecha -consignó el oficio al Cuerpo Colegiado- las niñas, niños y adolescentes, y sus adultos responsables, carecen de provisión de gas natural en viviendas nuevas, con el consecuente perjuicio cotidiano con relación a la debida cocción de alimentos, la calefacción, y la higiene personal”.

Moreno afirmó, además, que “dicha omisión constituye una verdadera vulneración del derecho a la vivienda adecuada de niñas, niños y adolescentes y sus familias”.