Se trata del magistrado Roberto Gallardo luego de que sus fallos ordenaran la detención de la construcción. Los vecinos también se oponen, temen inundaciones.
Hace dos años que la obra de un paso a nivel en la intersección de la Av. Balbín y las vías del tren Mitre atraviesa idas y vueltas vinculadas a aspectos judiciales que no terminan de confirmar si la obra es legal o no.
En los últimos días se sumó otro capítulo, pero seguramente de los más importantes. El juez que entiende en la causa, Roberto Gallardo, fue apartado por orden del Gobierno de la Ciudad.
El proyecto, presentado en 2014 había recibido la orden del magistrado de suspender la realización del túnel. Al poco tiempo, el ejecutivo porteño revirtió la decisión y las obras iniciaron. En agosto del corriente año, Gallardo ordenó detener la obra por segunda vez. La Sala II de la Cámara de Apelaciones del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario dejó sin efecto la medida del juez. Hace diez días se reiniciaron los trabajos y, por tercera vez, Gallardo ordenó su detención.
El magistrado se basó en nuevos hechos que incluyó en el expediente. Entre ellos: que el Gobierno de la Ciudad no consultara al Comité Interjurisdiccional de la Cuenca Arroyo Medrano; la inexistencia de un modelo que permita testear cómo se comporta el agua sin el túnel y cómo lo hará con él; y un audio en el que ingenieros de la obra habrían manifestado inseguridad y preocupación por los efectos negativos que ocasionaría en la cuenca la construcción del túnel.
En este último punto, también coinciden los vecinos. Denunciaron que podría afectar el sistema de desagües pluviales ubicados sobre el arroyo Medrano.
En tanto, el Gobierno de la Ciudad que junto a la empresa Autopistas Urbanas (AUSA), tienen la concesión de la obra, solicitaron la remoción del juez Gallardo de la causa. Aducen imparcialidad en sus fallos y que el objetivo es perjudicarlos. Otra de las quejas pasa por las pérdidas económicas por las indefiniciones judiciales. Según números oficiales, por las obras paralizadas entre el 31 de agosto y 9 de octubre de este año, se perdieron$9 millones y $142 mil por día en alquiler de maquinaria y obreros.
Finalmente, hace dos días el magistrado fue destituido y la causa recayó en el juzgado de Elena Liberatori, que tendrá la decisión del futuro de la obra en sus manos.
