Ciudad

Impulsan juicio político a magistrados de Corte porteña

Por fallo en causa de falta de vacantes en jardines maternales de la Ciudad, legisladores de la oposición pedirán sanción para Tribunal Superior.

Un fallo del Tribunal Superior de Justicia porteño desató indignación por justificar la falta de vacantes escolares para el nivel de 45 días a 3 años en las escuelas públicas. Diputados de la oposición porteña ayer anunciaron que promoverán en la Legislatura un pedido de juicio político a los integrantes del Tribunal que firmaron la sentencia considerando que solamente podrían exigir vacantes en las quienes no puedan pagar un establecimiento privado.

La queja apunta a cuatro jueces de la Corte. Los legisladores del Frente de Todos apuntan a Marcela De Langhe, Inés Weinberg, Santiago Otamendi y Luis Francisco Lozano para que se los investigue por incumplimiento de los deberes de funcionario público y se exceptúa a la magistrada Alicia Ruiz, quien no firmó el escrito. El Tribunal hizo lugar a un recurso de inconstitucionalidad del Gobierno de la Ciudad, ante la demanda presentada en 2017 por la madre de un niño de dos años que pedía que se le garantizara la vacante a su hijo en un jardín de infantes.

En la resolución, los jueces consideraron que no existe una obligación del Estado local de ofrecer vacantes a todas las niñas y niños de entre 45 días a 3 años de edad y habilita criterios de priorización basados en la capacidad económica de las familias.

“Es imprescindible iniciar una investigación a fondo sobre el incumplimiento de los deberes de funcionario público de los integrantes que tribunal que firmaron este fallo que es un gran disparate, aberrante y atenta contra la Constitución de la Ciudad y contra todos los derechos y garantías consagrados”, dijo la legisladora del Frente de Todos Lorena Pokoik, ayer en una conferencia de prensa. De la izquierda, la legisladora Myriam Bregman dijo que la petición “es solo una primera respuesta a este escandaloso fallo y será el inicio de una serie de medidas porque es un fallo que no se puede aplicar, que no hay por qué cumplirlo porque es inconstitucional ya que viola el artículo 24 de la Constitución porteña”.

El pedido de los legisladores debería contar con tratamiento en la Comisión de Asuntos Constitucionales, pero para llegar al recinto necesita contar con la aprobación de dos tercios de las bancas, 40 votos de 60. Sin embargo el oficialismo suma 26 lugares y mantiene aliados por lo cual para la oposición no sería posible reunir la mayoría especial.