La Asociación de Magistrados se abroqueló en defensa propia y presionaron al Gobierno para dar marcha atrás con la decisión.
En busca de más autonomía, tas el traspaso del subte, el juego y la policía, la Ciudad apostaba a hacer lo mismo con la Justicia. Específicamente con los juzgados penal, laboral y del consumo.
Para el 30 de noviembre se preveía que el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, y el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, firmaran cinco convenios para dar los primeros pasos del pase de la Justicia a territorio porteño.
La Asociación de Magistrados, anoticiados del objetivo del Gobierno, y a pesar de las líneas internas en las que se encuentra dividida, mostró unidad y se manifestó en contra del traspaso.
Luego de conversaciones y algunas presiones, desde el Ministerio de Justicia se optó por posponerlo para 2017.
Cabe recordar que la Ciudad ya tiene a cargo el fuero contencioso administrativo y el tributario (para juicios donde está involucrado el Estado), y el contravencional y el de faltas. A partir del año 2004, y posteriormente en 2010, algunos delitos penales como lesiones, amenazas o usurpaciones también le fueron transferidas.
