Quedó así sin efecto un organismo creado a fines del año pasado y que no llegó a entrar en funciones. Había generado queja de vecinos y controversias públicas.
La derogación fue aprobada por 55 diputados (la totalidad de los presentes), mediante un proyecto presentado sobre tablas y consensuado por diversos bloques, según anunció en el recinto el jefe de la bancada del PRO, diputado Francisco Quintana. Luego expuso el diputado Hernán Arce (Partido Socialista) autor de uno de los proyectos que fundamentan esta derogación. Y la lista de oradores continuó con Natalia Fidel (Suma+), Marcelo Ramal (FIT), Javier Gentilini (FR), Gustavo Vera (BC), Alejandro García (PRO), Fernando Vilardo (AyL), Diego García y Graciela Ocaña (CP), Gabriel Fuks y María Rosa Muiños (FPV) y Daniel Del Sol (PRO).
El Consejo que creaba la ley derogada había sido aprobado sobre tablas y sin discusión y estaba destinado a regular la actividad de quienes se dedican a administrar consorcios de propiedad horizontal.
La ley ahora anulada instituía un Comité Ejecutivo del nuevo organismo, integrado por 11 representantes, 3 de las cámaras de administradores de consorcios, 3 del sindicato de empleados de edificios, 1 de organizaciones civiles de los copropietarios de edificios, 1 de ong en defensa de consumidores y usuarios, 1 del gremio de los trabajadores de administradores de consorcios, 1 de la Defensoría del Pueblo y 1 representantes del Gobierno, del área de defensa del consumidor.
La conformación de ese organismo provocó polémica y reclamos. “Frente a la sanción de esta Ley, la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal presentó en el mes de febrero un amparo solicitando la inconstitucionalidad de la norma”, explican los fundamentos del proyecto presentado hoy por el diputado Arce.
“También se ha sumado la voz del presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Dr. Eduardo Awad (especialista en la temática consorcial), sosteniendo, entre otras cosas, que la Ley 5464: “es, lisa y llanamente, un ataque al derecho de propiedad de los consorcistas y de los administradores”, agregan los considerandos.
“Como vemos hay varios aspectos de la normativa recientemente sancionada que resultan cuestionables. A estas objeciones previamente citadas cabría agregar la inevitable consecuencia para los cientos de miles de propietarios e inquilinos de nuestra ciudad. Es que, el incremento de costos para los administradores de consorcios será trasladado indefectiblemente al valor de las expensas”, sostuvo el diputado autor del proyecto de derogación respaldado por el cuerpo legislativo.
Se llegó a la conclusión de que una ley de estas “implicancias (en referencia a la administración de propiedades horizontales), merecía un debate de mayor profundidad, con la participación de los principales actores de la relación jurídica que se pretende regular para atender sus puntos de vista y sus aportes. Máxime cuando en la Ciudad de Buenos Aires existen casi 300 mil edificios”.
