La semana próxima habrá una reunión política para acercar posiciones entre ambas administraciones por el traspaso de los fondos en materia de Seguridad.
La última audiencia en la Corte Suprema por los recursos para el traspaso de la policía a la Ciudad de Buenos Aires fue breve.
Los representantes de la administración porteña, que planteó la incontitucionalidad de la modificación del porcentaje de fondos destinados para seguridad, y los del Gobierno Nacional, acordaron pasar a un cuarto intermedio en la deliberación judicial, y dar paso a una negociación política.
Horacio Rodríguez Larreta ya dijo que aceptaba la convocatoria que le hicieron el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el de Interior, Eduardo de Pedro, para acordar criterios como estableció la ley aprobada a fines de 2020. Finalmente, esa reunión será el martes que viene. De todos modos, en el entorno del jefe de Gobierno acotan que consideran que para ellos todo es parte del proceso judicial, pero no reconocen la norma en cuestión.
Por el momento, ni de uno ni de otro lado parece haber predisposición a flexibilizar posiciones. En el alto tribunal repiten algo que ya es casi slogan: «que la política resuelva los problemas de la política». Aun así, para el 26 de mayo fijó una nueva audiencia.
Larreta inició una demanda ante la Corte en septiembre del año pasado después de que Alberto Fernández anunciara una reducción en los fondos previstos desde 2016 para el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires. Fue después de una protesta de la policía bonaerense que desafió al gobierno de Axel Kicillof. El gobierno de Mauricio Macri había aumentado por decreto los fondos coparticipables destinados a la adminstración porteña de 1,4 a 3,5 por ciento con el argumento del traspaso policial. Fernández redujo la proporción al 2,3 por ciento, para otorgar fondos destinados a la policía de la provincia de Buenos Aires.
