La abogada Valeria carreras dijo en su denuncia que “se ha difundido un comunicado de la agrupación política Juntos por el Cambio a través de su presidenta, Patricia Bullrich.
La abogada Valeria Carreras denunció penalmente por “intimidación e incitación a la violencia política” a las máximas autoridades de la alianza Juntos por el Cambio (JxC), quienes dijeron que el asesinato del empresario y ex secretario presidencial Fabián Gutiérrez “es un crimen de la mayor gravedad institucional”.
Carreras -también abogada de la querella por la tragedia del submarino ARA San Juan- dijo en su denuncia que “se ha difundido un comunicado de la agrupación política Juntos por el Cambio a través de su presidenta, Patricia Bullrich, en el cual se incita a la violencia política”.
La letrada argumentó que “sus términos siembran una acusación velada pero directa a la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, por la muerte de Fabián Gutiérrez, apuntando con el mentado comunicado profundizar ‘la grieta'”.
Carreras aseveró en el texto -difundido en redes sociales- que el comunicado “exaspera a gran parte de la sociedad argentina, ávida de marcar diferencias, sedienta de repetir acusaciones, casi propiciando un ataque en redes contra la Vicepresidenta y contra todos los que acompañamos el sector político atacado”.
En ese sentido, la abogada, quien transcribió párrafos del comunicado de JxC, explicó que hizo la denuncia como “ciudadana” y pidió que la acusación contra Bullrich “se extienda a los firmantes” restantes del documento.
“Vengo a interponer denuncia contra la Sra. Patricia Bullrich en su rol de Presidenta de la agrupación política PRO y se extienda a los firmantes del comunicado de Juntos por el Cambio (…) por el delito de intimidación e incitación a la violencia (art. 211 y 212 del CPN)”, sostuvo la abogada.
Los dirigentes que rubricaron el comunicado de JxC son Bullrich y Federico Angelini, del PRO; Alfredo Cornejo y Alejandra Lordén, de la UCR, y Maximiliano Ferraro y Mariana Zuvic, de la Coalición Cívica.
Para el delito del que Carreras acusa a los dirigentes el Código Penal prevé una pena de hasta seis años de prisión.
