Hace más de una década que la Ciudad de Buenos Aires sufre crisis habitacional. La pandemia del Covid-19 golpea a los que menos tienen.
La crisis habitacional y la desigualdad en la Ciudad con el presupuesto más alto a nivel nacional vuelve a ser el centro de escena con la llegada del Covid-19, pero para quienes la padecen, Más allá de los esfuerzos que el Gobierno porteño pueda llevar adelante para evitar y/o controlar la circulación y propagación del virus, ese sector de la sociedad porteña es golpeado hace más de una década en el territorio porteño.
De acuerdo a un informe del Instituto de la Vivienda (IVC) y la Secretaría General y Relaciones Internacionales (SGyRI) del Gobierno porteño, más del 9,2% del total de los domicilios en el territorio capitalino están deshabitados; es decir que hay 138.328 casas vacías a lo largo y ancho de la Ciudad. El número surge de un estudio preliminar -“Mesa de estudio de viviendas vacías”-, a partir del consumo de electricidad domiciliaria analizado con datos aportados por el Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE).
Sin embargo, queda al descubierto que las unidades funcionales sin uso y el derecho a la vivienda durante la gestión macrista, que está al frente de la CABA hace más de una década, han ido por caminos paralelos.
Es que la construcción de inmuebles no apunta a la solución del amplio déficit habitacional porteño. La gestión del PRO ha beneficiado en numerosas oportunidades a los desarrolladores inmobiliarios, y como para muestra basta un botón, las viviendas ociosas en la Ciudad se concentran “en el corredor Norte” “con foco en las comunas 1 (Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Monserrat y Constitución) y 14 (Palermo) -ver cuadro-. Según la Dirección General de Estadísticas y Censos, entre los años 2005 y 2018 se construyeron más de 195 mil viviendas, de las cuales más del 50% son suntuosas y lujosas.
Según cifras oficiales, en la Ciudad existen 364.989 hogares porteños (28 por ciento) con necesidades habitacionales, de acuerdo con la Encuesta Anual de Hogares (EAH) del ente estadístico porteño donde habitan 1,17 millones de las 3 millones de personas que viven en la Ciudad.
La caída de los ingresos, ya sea por menor capacidad de poder adquisitivo o por la pérdida de la fuente (despidos), se convirtió en un nuevo obstáculo para que las familias accedan a un techo digno. Si bien la Ciudad hizo punta en el otorgamiento de créditos hipotecarios atados a la inflación (Créditos UVA), no hubo un impacto significativo en el stock de viviendas.
El Observatorio por el Derecho a la Ciudad y el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), realizaron un exhaustivo informe que deja al descubierto la falta de políticas públicas destinadas a uno de los sectores más golpeados en la Ciudad, mucho antes del impacto que produjo la llegada del Coronavirus a la Ciudad.
De acuerdo al estudio, la crisis económica y social de 2001 intensificó las necesidades habitacionales de la población porteña. Los indicadores relacionados con el derecho a la vivienda digna tuvieron un comportamiento lineal negativo hasta la fecha, por lo que los sectores de más bajos recursos quedaron más expuestos frente a esta pandemia.
El 19 de marzo de 2020, se dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 que dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio para todas las personas. Este mandato presidencial resulta imposible de cumplir para las familias que viven en la calle.
Según el segundo censo popular de 2019, la cifra real de personas en situación de calle alcanza a 7.251 personas. Este sector de la población carece de las posibilidades de adoptar las medidas de prevención en forma continua; y los recaudos para cuidar la higiene y la salud frente al Covid-19 son imposibles de cumplir ya que durante las 24 horas del día no tienen acceso a agua de red y potable para lavarse las manos, y no cuenta con los recursos económicos para la compra de los elementos antisépticos necesarios (alcohol en gel, jabón, etcétera).
Según la Dirección General de Estadística y Censos de CABA, las personas en situación de calle incrementaron de 705 en el 2000, a 2016 en el año 2019 (870 en paradores y 1146 en la calle. El 77% hace más de un año que vive en la calle, y el 15% son personas mayores de 59 años. Sin embargo, el el segundo Censo Popular de Personas en Situación de Calle, que llevaron adelante organizaciones sociales y voluntarias/os desnudó una realidad a la vista, hay 7.251 personas sin techo. El número que oficialmente difundió la Ciudad fue de 1.146, es decir, 6105 personas menos contabilizadas de manera oficial.
“Resulta imprescindible que la Ciudad cuente con una política de viviendas sociales. Es decir, de viviendas de propiedad de la Ciudad y que, bajo su administración, sean entregadas a estos grupos vulneralizados, a través de alquileres con precios sociales o en forma gratuita con comodatos. Hasta que esta política esté operativa, bajo la crisis generada por el Covid-19 se debería implementar una política de alquiler de hoteles habilitados y en buenas condiciones, que están sin demanda por el freno al turismo”, sostuvo el presidente del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldivieso.
El jefe de gobierno porteño que comenzó su segundo mandato al frente de la Ciudad, tomó cartas sobre el asunto y priorizó el funcionamiento de paradores, subsidios habitacionales y programas destinados a personas en extrema vulnerabilidad social, aunque como ha contado Revista Qué en varias oportunidades, son áreas que históricamente son subejecutadas en el territorio porteño.
Sin bien los paradores son una medida más para hacerle frente al virus que los expertos llaman invisible, lo cierto es que ese tipo de albergue deberían existir para situaciones de extrema emergencia en las que se garantice un techo a familias por uno o dos días (inundaciones, incendios, etc.), pero constituye una violación de derechos humanos que sean usados en forma permanente como una solución habitacional. La Ley N° 3.706 es clara en esto.
