A pedido de Carlos Tomada se votó un proyecto de declaración, que no alcanzó su aprobación por la negativa del Pro.
En la alteración del orden del día de la sesión de este jueves, el presidente del bloque del FpV, Carlos Tomada, pidió que la Legislatura apruebe una declaración para expresar la “preocupación” por la suspensión de Dilma Rousseff, tras la decisión del Senado brasileño.
Sin embargo, la iniciativa sólo alcanzó los 27 votos positivos, y cayó por tierra al obtener 26 votos negativos del Pro y 3 abstenciones del bloque Confianza Pública, que comanda Graciela Ocaña.
En el recinto, Tomada agradeció a los bloques que lo acompañaron y dijo que el tema requería “sensibilidad política”. Por su parte, Marcelo Ramal (FIT) aseguró que en Brasil “se ha consumado un golpe” y acusó: “el bloque del Pro está en el campo del golpe político de Brasil”.
En defensa del oficialismo salió a contestar el jefe del bloque Pro, Francisco Quintana, quien negó la denuncia de Ramal y dijo que “en el campo que estamos es en el del cumplimiento de las leyes y el respeto de las instituciones”.
Finalizada la sesión, Tomada se refirió al tema y sostuvo que “estamos hablando de una situación excepcional, un proceso institucional que ha sido catalogado por muchos sectores políticos y académicos de toda la región como un ‘golpe blando’, que ha pasado por ejemplo en Paraguay, por hablar de un país hermano del Mercosur”.
“Obviamente el Pro, que tiene una especie de primera minoría intensa, logró que se bloqueara, pero en realidad es penoso porque estamos hablando de un proceso que tiene ilegalidades por donde se lo mire, inconsistencias procedimentales, argumentos que desde la OEA sostienen que son injustificables”, añadió el exministro de Trabajo.
En los fundamentos, el texto señala que “la votación parlamentaria que aprobó el inicio de juicio político a la presidenta en pleno ejercicio de su cargo se desarrolla en un marco de debilidad jurídica en la acusación y profunda endeblez institucional”.
“Es sabido que la mandataria solo puede ser procesada y destituida por faltas criminales en las cuales se compruebe su participación dolosa y activa. El hecho de aceptar que un mandatario puede ser separado de su cargo por supuestas fallas en actos de carácter administrativo llevaría a una peligrosa criminalización del ejercicio de gobierno por razones de índole política”, expresa.
