La jueza porteña Elena Liberatori justificó la aceptación de la medida cautelar que suspende el aumento del subte y exige al gobierno de la Ciudad que mantenga el pasaje a $ 4,50.
“No respondo como ciudadana, sino en función de mi trabajo. Recibimos un cuestionamiento al modo en que se forma la tarifa técnica, que tiene que ver con el costo anual del servicio”, detalló en diálogo con Radio 10.
La resolución de Liberatori, a cargo del juzgado 4 en los Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, dio lugar a los tres amparos presentados para pedir la suspensión del aumento y ordenó al Gobierno de la Ciudad y Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) mantener el cuadro tarifario vigente. “Las autoridades de Sbase ya me conocen. La mía no es una decisión de oportunismo político”, explicó por Radio Nacional.
“Se me adjudica intencionalidad política en mi decisión pero no es la primera vez que intervengo”, argumentó. En ese marco, la magistrada aseguró que “los litigios judiciales son baches de la gestión” y advirtió que Metrovías “no tiene las cuentas en orden”, según lo que dijo el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires.
Tras la cautelar de la juez, fuentes de la administración porteña indicaron que los asesores legales del Gobierno porteño analizaron la resolución y preparan el texto que presentarán para refutarla. La tarifa iba a ser de $ 7,50 a partir de mañana, según se había anunciado en el Boletín Oficial de la ciudad, el 20 de este mes, lo que representaría un aumento del 66,6%.
“El canon lo tiene que pagar el concesionario, no los usuarios”, remarcó, y anunció que la Justicia tiene tarea por delante. “Tenemos que verificar que el número (del boleto) sea $ 7,50. Con las dudas que hay no debería aplicarse ahora el aumento”, señaló.
Según dijo la jueza, la tarifa se calcula con la división del costo total de explotación sobre la cantidad de usuarios y ese número cambia por la cantidad de pasajeros porque cuanto más usuarios más baja es la tarifa. “El año pasado dicen que fueron 250 millones y fueron de 272 millones“, ejemplificó.
Para Liberatori, el conflicto está focalizado en cómo se elabora la tarifa técnica. “Esto viene de arrastre, de una auditoría por lo menos de 2010, cuando el Ente dijo que la tarifa no era la correcta, que estaba incorrectamente calculada porque se toman rubros que no se deberían tomar. Fue un error contable. Se hizo mal de acuerdo a la documentación que me ha sido planteada por ex legisladores. Las cuentas no dan lo mismo”, remarcó.
En esa línea, dijo que el tarifazo “no está parado” en sí, sino la cuenta de la tarifa técnica. “Esto está parado hasta que se revise la cuenta. La anterior tarifa técnica era de $ 7,45, pero la auditoría determinó que había $ 2 de más y cambia mucho para el usuario. Hay que saber qué está pasando aquí, si es un problema contable financiero. Son tarifas multimodales. Conexiones con otras líneas. Hay que ver la cuenta, acá aparentemente dos más dos está dando cinco”, expresó.
