Politica

Larreta y Vidal asumirán subsidios al transporte por 11 mil millones de pesos

El acuerdo surge de las negociaciones entre Nación y las provincias para lograr la reducción del déficit, en el marco del acuerdo con el FMI.

Los gobiernos de María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta deberán asumir el peso de unos 11 mil millones de pesos de subsidios que financian los colectivos y trenes metropolitanos.

Así lo anticiparon  fuentes de la Casa Rosada, en el marco de las negociaciones con las provincias para avanzar con el ajuste comprometido con el FMI para el 2019.

Los gobernadores peronistas pusieron una condición para acordar el recorte que propone la Casa Rosada es transferir a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires los subsidios al transporte.

Al menos ese fue un punto de coincidencia que alcanzaron los mandatarios provinciales que se reunieron con los ministros Rogelio Frigerio y Nicolás Dujovne .

Entre los gastos que quiere transferir el Gobierno a las provincias está parte del subsidio al transporte, que ronda los 75.000 millones de pesos. Pero solo transferirá la mitad de los subsidios urbanos a todas las provincias, o sea 22.500 millones de pesos. Y de ellos, la mitad los absorberá la provincia de Buenos Aires y CABA, es decir 11.250 millones. Este es un costo grande que Vidal y Larreta tendrán que asumir.

El viernes, el gobierno anunció la suba en el transporte metropolitano pero el cambio no producirá una reducción de los subsidios, solo evitará mayores gastos.

Terminada la ronda de encuentros con ministros de Hacienda, en los próximos días las provincias deben presentar sus opiniones de las alternativas de ajuste y, si las tienen, sumar otras. “No hay nada cerrado; plantearon una serie de opciones sobre las que podemos hacer sugerencias”, explicó un ministro del interior

Quedó en claro en las reuniones que no hay “condicionamientos” del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre qué partidas achicar; lo que se plasmó en el acuerdo es el objetivo de 1,3% de déficit fiscal para 2019. La forma para llegar a ese número la deben definir los gobiernos.

En esta negociación no hay, todavía, una posición única consensuada entre los gobernadores de la oposición.La explicación es que el impacto del recorte varía mucho en función del tamaño de la jurisdicción y el peso de las transferencias nacionales en cada presupuesto.

Por ejemplo, la eliminación de programas sociales y de salud afecta más a distritos como Catamarca, Santiago del Estero y La Rioja mientras que a la región patagónica le pega muy fuerte la “desmantelación” de la red de subsidios que recibe.

Hasta el momento está decidida la transferencia a Buenos Aires y a la ciudad de Buenos Aires de las empresas de distribución eléctrica Edenor y Edesur; también deberán hacerse cargo -como ya es en el resto del país- del gasto de la tarifa social de agua. La compañía, Aysa, no se transferirá.

Varios ministros coinciden en que, más allá de las reuniones, la Nación ya tiene en marcha el recorte y, si no hay acuerdo, seguirá la receta que ya aplicó en el primer semestre, cuando las transferencias discrecionales a las provincias cayeron 5,3% y la obra pública se redujo 20% internanual.

Durante las reuniones los funcionarios nacionales explicaron que -junto con el paquete acordado con el FMI- hay una serie de créditos de organismos multilaterales a tasa baja disponibles para gastos de capital. Como la Rosada no los usará a todos, la propuesta es que las provincias los aprovechen para financiar obras. “Te saco esto pero te doy esto”, ilustra uno de los negociadores.

Además, ratifican que con Cambiemos en el poder los gobernadores reciben más recursos automáticos por la devolución del 15% de la precoparticipación que antes iba a Anses y por la “compensación” fijada en el pacto fiscal. En esa línea enfatizan que el año que viene serán “más duros” con el monitoreo del cumplimiento del acuerdo. La respuesta, del otro lado, es que si deben hacerse cargo de gastos que antes no tenían -por ejemplo, programas sociales- no podrán respetar la ley de Responsabilidad Fiscal que establece que las erogaciones corrientes no pueden crecer por encima de la inflación.