Politica

Imputaron a los padres de alumnos que tomaron colegios el año pasado

Es la primera vez que la Justicia aplica una medida en la que se traslada la responsabilidad hacia los adultos.

Durante 2018, los colegios secundarios porteños realizaron varias tomas, la mayoría de ellas en el marco de la lucha por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito y contra la violencia de género. El Gobierno de la Ciudad a cargo de Horacio Rodríguez Larreta por medio de la ministra de Educación Soledad Acuña, intentó frenar estas acciones por medio de un protocolo antitomas que se difundió en agosto del año pasado.

Este año, las clases empezaron con 43 padres imputados por distintas tomas de colegios que llevaron adelante sus hijos durante el año pasado. La decisión fue de la fiscalía 31 de la ciudad a cargo Carlos Rolero Santurian, quien comenzó a citar a los adultos a declarar desde finales de marzo.

Se trata de tomas que ocurrieron en distintos establecimientos: en la Escuela Superior de Educación Artística en Artes Visuales «Rogelio Yrurtia», en la N° 1 «Presidente Roque Sáenz Peña», en la Normal N° 6 «Vicente López y Planes», en el Mariano Moreno, en la Técnica de Jardinería Cristóbal M. Hicken y en la N° 5 «Martín Miguel de Güemes».

La ministra de Educación, Soledad Acuña, señaló: «La toma de escuela es una medida extrema que perjudica el acceso a la educación a cientos de chicos. En democracia no debemos perder el espacio de la palabra y el diálogo. Tiene que quedar en claro que los actos tienen consecuencias: esto es también educar en valores. Vamos a seguir aplicando el protocolo ante cada caso de toma».

En el gobierno porteño celebraron la decisión de la fiscalía y explicaron a Infobae el procedimiento: «Según el protocolo, una vez que la directora hace todo lo que marca se manda al Ministerio de Educación y de ahí pasa a la Procuración. Por último, toma intervención la Justicia». 

El protocolo en cuestión había sido cuestionado por la asesora tutelar de primera instancia Mabel López Oliva y por el asesor de cámara Gustavo Moreno, por no adecuarse a estándares legales. Desde el Encuentro por la Niñez y la Adolescencia también advirtieron por entonces que el protocolo viola los derechos de los adolescentes y reclamaron a la Ministra que “se ajuste a la legislación local, nacional e internacional y a las recomendaciones que sancionó la máxima autoridad de la Ciudad en derechos de la infancia”.