Politica

Viaducto San Martín: empresas se manifestaron frente a la casa de Larreta

Más de 50 empresas de subcontratistas habían denunciado que fueron estafadas y que les deben montos millonarios. Sin respuesta Gobierno de la Ciudad.

A principios de julio el jefe de gobierno porteño inauguró en compañía del presidente de la Nación, y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal, el viaducto del tren San Martín, sin saber que dos meses después, la obra quedaría en el centro de la polémica.

Es que más de 50 emprensas de subcontratistas denunciaron, a través de un extenso comunicado a mediados de septiembre, que fueron estafadas y que les adeudan montos millonarios. “Fuimos alevosamente estafados”, denunciaron las empresas subcontratadas por la constructora Green SA-Rottio SA-VFE- UTE, contratada a su vez por AUSA, que depende del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

Esta vez, frente a la falta de respuesta por el gobierno de la Ciudad, se manifestaron frente a la vivienda del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta.“Que alguien pague el trabajo que hicimos”, se podía leer en una de las banderas que desplegaron entre los 20 camiones que cortaron el tránsito. “50 Pymes al borde de la quiebra y 3000 familia en la calle”, decía otra.

El presidente de AUSA, Carlos María Frugoni, se presentó en el lugar a pedirles a los manifestantes que “por favor levanten el corte” pero tal como expresó uno de los empresarios damnificados, “Frugoni vino a ofrecernos trabajo a futuro en lugar de un compromiso de pago sobre lo adeudado. Nos ofrecen cosas que no nos sirven”.

En el sitio BA Obras se detalla que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte de la Ciudad y la empresa estatal Autopistas Urbanas (AUSA) supervisaron las obras, adjudicadas mediante licitación pública a esa UTE por $3.098.820.470.

“La situación de nuestras empresas es en algunos casos desesperante. Se trata en su mayoría de Pymes de conformación familiar”, remarcaron los afectados.  “La empresa Green SA-Rottio SA VFE UTE, con el consentimiento flagrante del Gobierno de la Ciudad, que está en absoluto conocimiento de lo que sucede hace ya muchos meses, está permitiendo que la estafa se termine de concretar: no sólo permitió que la UTE vendiera al Banco Supervielle los derechos de cobro de los certificados de obra, con todas las complicaciones legales que esto trae, sino que además siguió liquidándoles los certificados y redeterminaciones de obra cuando ya la empresa estaba en cesación de pago a sus proveedores. La maniobra no puede ser más descarada o, al menos, negligente”, cuestionaron las empresas afectadas