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Las candidaturas para el TSJ serán sometidas a audiencia pública

Las candidaturas de Marcela De Langhe y Santiago Otamendi para cubrir dos cargos en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la de Juan Bautista Mahiques.

Marcela De Langhe y Santiago Otamendi, propuestos por el Ejecutivo porteño para el TSJ, y Juan Bautista Mahiques, para ser el fiscal general de la Ciudad, deberán cumplimentar con el paso de la Audiencia Pública antes de que sus pliegos sean despachados por la junta de Ética y, finalmente, aprobados por los diputados porteños.

Según explicaron fuentes legislativas a Télam, al tratarse de una audiencia de designación, los oradores serán los candidatos y quienes presentaron las impugnaciones, pero también tienen derecho a la palabra los diputados y el defensor del Pueblo de la Ciudad.

Sobre las candidaturas se expresó Daniel Presti (Vamos Juntos), legislador y presidente de la Comisión de Justicia: “Considero que los candidatos propuestos, además de ser buenas personas, son profesionales formados, con una gran experiencia e idóneas para ocupar los respectivos cargos».

«No tengo dudas de que desarrollarán un magnifico trabajo y serán un inmenso aporte profesional al Tribunal Superior de Justicia y al Ministerio Público Fiscal. También serán un aporte estratégico para fortalecer la autonomía de la ciudad en material judicial», destacó el legislador en diálogo con la prensa acreditada.

Por otra parte, y aunque no se trata de una impugnación directa a los candidatos, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) hizo un llamado para pedir «una mayor perspectiva de género el proceso de designación» ya que, por ejemplo, el Ministerio Público de la Ciudad siempre fue desempeñado por varones.

Sin embargo, durante el proceso de selección que se inició el pasado 22 de abril, dos de los postulantes sí recibieron impugnaciones.

La candidatura para el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santiago Otamendi, actual Secretario de Justicia de la Nación, es rechazada por Desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip).

Las impugnaciones sostienen que Otamendi no garantiza «independencia para ejercer el cargo» porque es funcionario nacional y que ello «puede condicionar su accionar en el ejercicio del cargo, impidiendo la resolución de sus asuntos sin restricciones y sin influencias».

Por otra parte, desde Memoria Activa se oponen al nombramiento de Otamendi por participar de una «maniobra» para «encubrir la responsabilidad penal de los ex fiscales de la causa AMIA, Eamon Mullen y José Barbaccia, acusados de desviar la investigación del atentado terrorista».

En lo que respecta a Juan Bautista Mahiques -actual subsecretario de Asuntos Penitenciarios y representante del Ejecutivo nacional ante el Consejo de la Magistratura- las impugnaciones parten del CELS, ACIJ e Inecip y señalan que el candidato hoy trabaja como funcionario dependiente de Otamendi.

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