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La Justicia avaló el freno a la construcción de torres en Caballito

El megaproyecto es para construir diez edificios, un shoping y estacionamiento.

La Fiscalía de la Cámara de Apelaciones a cargo de Nidia Cicero avaló la medida judicial que paralizó la megaobra de las empresas IRSA y Portland denominada Ciudad Palmera, ubicada en avenida Avellaneda 1300, 1400 y 1500, en el barrio de Caballito, informa Página 12.

La fiscal de Cámara argumentó en el mismo sentido que el juez de primera instancia Darío Reynoso, quien ordenó el 13 de agosto pasado mediante una medida cautelar la paralización del desarrollo inmobiliario por encontrar que hay indicios de que los diez edificios que se van a construir en los cuatro predios en que se parceló el terreno, no son obras individuales, sino que forman parte de un Master Plan cuyos efectos ambientales deberían ser considerados en conjunto.

El amparo fue presentado en julio pasado por el Consejo Consultivo Comunal de Caballito, integrantes de la Junta Comunal 6, la asociación vecinal S.O.S. Caballito y el Centro Cultural Estación de los Deseos. En el mismo se cuestiona, entre otras cosas, los certificados ambientales otorgados a las obras que prevé la construcción de más de mil departamentos, un shopping a cielo abierto y estacionamientos, que fueron evaluadas de forma individual y catalogadas como «de impacto ambiental Sin Relevante Efecto».

Las empresas sostienen que no hay un plan maestro, que sólo se trata de cuatro proyectos separados, uno para cada parcela, y que cada uno tiene su correspondiente expediente administrativo aprobado. Sin embargo, la fiscal Cicero argumentó en el mismo sentido y con las mismas sospechas que tuvo el juez Reynoso al ordenar la suspensión de la obra hasta que se defina la cuestión de fondo.

El Master Plan supera los 2500 m2 de comercios permitidos en la zona, ya que contempla la construcción de aproximadamente 80.000m2 de centro comercial a cielo abierto. La fiscal advirtió que «más allá de los carriles formales que hubieran elegido para su tramitación administrativa, no descarto, al menos en la etapa preliminar en que se encuentra la causa, lo expuesto por Reynoso en el sentido de que existiría una continuidad lógica, espacial y funcional en la obra a construir que trasciende a cada parcela». Por lo cual sostiene que «es factible entender que el proyecto estaría diseñado para funcionar como un conjunto total donde cada una de sus partes, es decir, los edificios, cocheras, galerías y locales comerciales de cada parcela, no pueden escindirse e interpretarse sino dentro del marco que le proporciona el resultado final de la obra como proyecto global».

Para Cicero, «no sería incorrecto considerar el proyecto en su conjunto a los fines de mensurar el impacto global» ya que según surgiría de la publicidad que se hace del proyecto inmobiliario «la finalidad buscada es, justamente, la integración del conjunto y no un funcionamiento aislado de cada una de las diez torres, con su estacionamiento y sector comercial, lo que, además, no sería físicamente factible desde que las construcciones estarían ubicadas en parcelas que son contiguas».

El comunero por el Frente de Todos en Caballito, Osvaldo Balossi, dijo a Página 12 que el escrito de la fiscal produjo una «enorme alegría porque nuevamente la Justicia nos está dando la razón en todo lo que planteamos. Esto nos corrobora que tenemos razón y nos da esperanzas de que la Cámara también nos la dé, para que tanto el Gobierno porteño, responsable de haber firmado los permisos, como IRSA cumplan con la ley. Es decir, si quieren seguir con ese emprendimiento tienen que pasar por la Legislatura para habilitar la construcción, con una ley de doble lectura con audiencia pública porque no es una obrita más sino un megaproyecto que tiene un gran impacto ambiental».

«Al dividir la obra en cuatro desarrollos, cada una fue catalogada como sin impacto relevante. De esta forma se evitaron pasar por la Legislatura y por la audiencia pública donde los vecinos y vecinas pueden opinar», expresó Balossi. Y agregó que para la Justicia «está casi probado que no son obras individuales, y que por la envergadura del proyecto va a tener un impacto ambiental relevante en el barrio «.

Balossi detalló que, si bien las obras en el terreno están paralizadas por la medida cautelar, dos semanas atrás el juez Reynoso autorizó a la empresa a «realizar tareas de apuntalamiento por peligro de derrumbe en una de las paredes del pozo, la que da a la avenida Avellaneda».

En tanto, la abogada patrocinante de la acción de amparo, Nadia Mileva Solodkow, sostuvo que “no hay dudas del impacto ambiental negativo del proyecto» y que esperan que la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, que tiene que expedirse sobre la causa, «escuche al barrio«. Y agregó: «sabemos la fuerte presión que ejerce el Gobierno y la empresa en la Justicia, por eso valoramos el dictamen de la fiscal Nidia Cicero».

En el desarrollo inmobiliario denominado Ciudad Palmera hay un cúmulo de irregularidades denunciadas. En la causa judicial sobre las que deberá resolver el juez Darío Reynoso, están los planteos que hizo el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), que apuntó, por un lado, a que el Gobierno porteño otorgó durante la pandemia permisos de construcción utilizando el viejo Código de Planeamiento Urbano en lugar del actual Código Urbanístico. Y por otro, a que la empresa dueña del predio tendría que haber cedido parte del predio a la Ciudad para uso público y espacios verdes.