Politica

La Defensoría del Pueblo cuestionó el Servicio Cívico de Valores Voluntarios

La Defensoría del Pueblo cuestionó la decisión del Ministerio de Seguridad de la Nación de crear el Servicio Cívico de Valores Voluntarios (SeCiVoVa) para contener a los jóvenes que no estudian ni trabajan en la Argentina.

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad, que conduce Alejandro Amor se vio obligada a manifestar su postura frente al dictado de la Resolución 598/209 del Ministerio de Seguridad de la Nación que crea el Servicio Cívico Voluntario para Jóvenes, RESOL-2019-598-APN-MSG.

«Si bien la Defensoría aprecia como un acto necesario afrontar la problemática de miles de jóvenes de nuestro país que han sido abandonados por la política y que, en su estado de desamparo, no estudian ni trabajan y se encuentran excluidos del sistema productivo, la medida adoptada no es comprensiva de la problemática aludida ni resulta suficiente para resolverla», señalan desde el organismo.

«Entendemos que el SeCiVoVa intenta con una resolución vacía de contenido -que no fija ni programas, ni modalidades ni planes- desatender su obligación principal, recordando aquí que tanto la educación primaria como la secundaria son obligatorias en la Argentina y constituyen un derecho de niños, niñas y adolescentes que debe ser garantizado por el Estado.

Mediante la implementación de políticas públicas es obligación del Estado velar por el cumplimiento de estas exigencias, incorporando al sistema educativo en caso de ser necesario jornadas escolares dobles, escuelas de oficios, desayunos, almuerzos y/o meriendas y todo aquello que se requiera para incorporar a los menores al sistema educativo. Todo ello en el ámbito correspondiente, que claramente no es un cuartel militar.

La medida propuesta menosprecia al cuerpo docente, inculpándolo de la propia falta del Estado de cumplir con su obligación de mantener escolarizados a los menores y de brindar educación a todos los niños, niñas y adolescentes. Además, se debe destacar que intenta desoír el mandato legal que le impone la Convención Internacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la cual nuestro país es firmante.

En suma, celebramos el reconocimiento de la problemática padecida por los aquellos jóvenes que quedan excluidos del sistema. Sin perjuicio de esto, rechazamos que el modo que hayan encontrado para reconocer la propia falla de la política haya sido por intermedio de una figura que nada aporta al sistema educativo, al tiempo que contribuye a desnaturalizar a una de las fuerzas del orden de la Nación», finaliza el descargo de la Defensoría del Pueblo porteña