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La muerte de Débora Pérez Volpin: le negaron la probation al endoscopista

Ariel Bialolenkier había solicitado realizar tareas comunitarias a cambio de evitar el juicio oral.

El endoscopista Ariel Bialolenkier, investigado por la muerte de la periodista y legisladora porteña Débora Pérez Volpin pidió la semana pasada el beneficio de una probation para evitar ir a un juicio oral en el que se lo juzgará por “homicidio culposo” junto con la anestesista Nélida Inés Puente. Este martes, esa probation fue rechazada.

En caso de que el juez Javier Anzoátegui hubiese dado lugar al pedido, el médico habría reemplazado la condena con tareas comunitarias durante 3 años, de entre 3 y 4 horas por semana. Algo que para el abogado de la familia de Pérez Volpin, Diego Pirota, “era impensable”.

“Legalmente algo así no debería prosperar de ninguna manera. Eso es un atajo, es una ley para evitar juicios en casos de delitos menores. Claramente un homicidio no es un delito menor”, había explicado Pirota a Clarín días atrás. Y agregó: “Esto es escapar por la ventana de un caso tan claro y tan probado como este, en el que estamos hablando de un homicidio”.

Con la probation, el endoscopista además de cumplir tareas comunitarias y evitar una condena, habría quedado sin antecedentes penales y sin ningún impedimento para ejercer la medicina. Ahora, con un juicio por delante, deberá someterse a lo que decida el tribunal.

Tras conocerse el rechazo de la probation, algo que habían pedido tanto la querella como la fiscalía, Pirota dijo que “el Tribunal ha puesto el acento donde la ley manda. Porque este procedimiento, este mecanismo alternativo es para otras situaciones, delitos leves. Ahora resta que pongan la fecha de inicio del juicio”.

“Estamos muy cerca de la feria judicial (diciembre). Si no se fija la fecha ahora, no sé si dará tiempo a comenzar antes de la feria”, agregó Pirota.

El juez anterior, Carlos Bruniard, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 57, cerró la instrucción el 20 de septiembre y elevó el caso a juicio oral. Por eso ahora el tribunal oral se encuentra representado por un sólo juez, Anzoátegui. La fiscal del juicio es María Luz Castany.

En la resolución en la que dio por finalizada la etapa de instrucción, el magistrado rechazó los sobreseimientos solicitados por las defensas e imputó por “homicidio culposo” reglado por el artículo 84 del Código Penal a la anestesista y el endoscopista.

En relación a la responsabilidad de Puente, el juez sostuvo que la mujer “advirtió tardíamente el cuadro que presentaba Pérez Volpin, y en el que había entrado en razón del proceder previo del endoscopista Bialolenkier”.

“Dicha demora y su posterior desempeño contribuyó al desenlace final luctuoso, verificándose en ese resultado tal infracción al deber de cuidado antes aludido”, agregó.

Según Bruniard, Puente “confiada en que se trataba de un estudio de rutina en el cual estadísticamente no se registran complicaciones, desatendió los signos vitales de su paciente, recostándose en el equipo que la monitoreaba”.

Pérez Volpin murió el pasado 6 de febrero en el Sanatorio La Trinidad de Palermo cuando era sometida a una endoscopía que realizaban en conjunto Bialolenkier y Puente.

La familia de la periodista y legisladora por el frente Evolución, de Martín Lousteau, acudió a la justicia para hacer la denuncia y el 7 de febrero se conoció que el caso, a cargo del juez Gabriel Ghirlanda, se caratulaba como “homicidio culposo”.

Tras la realización de la autopsia en la morgue judicial, que determinó que Pérez Volpin, de 50 años, había fallecido por “una perforación instrumental del esófago torácico que luego le produjo un paro cardiorrespiratorio”, sus restos fueron velados el 8 de febrero en la legislatura porteña, donde la despidieron más de 4.000 personas.

En abril de este año, tras la renuncia del juez Gabriel Ghirlanda, la causa penal quedó a cargo de su colega Bruniard. El 19 de junio se dictó el auto de procesamiento del endoscopista y la anestesista, únicos imputados en la causa.

También se decretó el embargo preventivo de ambos profesionales por la suma de 1,7 millones de pesos a cada uno.