Sociedad

Gran concentración en la sede de Madres de Plaza de Mayo frenó el allanamiento

Desde esta mañana se realizó una concentración en las puertas de la sede para evitar que la justicia ingrese.

A instancias de un pedido formulado desde el Ministerio de Justicia de la Nación, se notificó para este lunes un virtual allanamiento a la sede de la Asociación Madres de Plaza de Mayo con el objetivo de hacer un inventario de su archivo histórico, con el riesgo de una apropiación de un material de lucha reunido durante 42 años. Las Madres denuncian el hecho como parte de la “persecución” del gobierno de Mauricio Macri y llaman a resistir por lo que desde esta mañana distintas organizaciones sociales y políticas están concentrando en las puertas de la sede para brindarles su apoyo.

Poco antes de las 11.30, se hizo presente un abogado de la sindicatura pero no pudo ingresar al inmueble, ya que fue rechazado por los cientos de manifestantes que acompañaban a las madres. En esos pocos minutos, se pudieron percibir forcejeos y tensión máxima entre los manifestantes y la Policía de la Ciudad.

«La sindicatura me envió a hacer una diligencia de inventario, para permitir que tres escribanos puedan inventariar, nada más. Es que las madres están en quiebra. Parte de lo que tiene que ver con la quiebra es inventariar los bienes», aseguró el abogado de la sindicatura a Eduardo Feinmann, en Radio La Red. «No fui maltratado en ningún momento. La gente está nerviosa, nada más. Supongo que el juez ordenará este inventario de vuelta», agregó.

La medida depende de un juez comercial, a instancias de un pedido hecho desde el Ministerio de Justicia de la Nación. El primer intento de esta nueva avanzada del gobierno nacional contra las Madres ocurrió el jueves 4 de abril por la mañana, cuando un grupo de escribanos se presentó invocando una orden del juez Comercial 13, Fernando Javier Perillo, para inventariar el material que está en la sede de Hipólito Yrigoyen 1584, frente a Plaza Congreso.

Según consignó Página 12, el pedido formal lo hizo el interventor del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos (Iunma), Javier Buján, quien fue designado en ese puesto por el ministro de Justicia, Germán Garavano, cuando se dispuso la intervención de esa institución.