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El Gobierno pretende rescindir los contratos para el soterramiento del Sarmiento

“Es necesario invertir más de 1500 millones de dólares y en el marco de la crisis que existe hoy no podemos llevar adelante una obra de esas características”, argumentó el ministro Meoni.

El gobierno de Alberto Fernández anunció este lunes la rescisión de los contratos de obra para el soterramiento del tren Sarmiento. El ministro de Transporte, Mario Meoni, adelantó que el Poder Ejecutivo está «trabajando y avanzando en la rescisión de los contratos para las obras del soterramiento porque de la forma en que está planteado es inviable».

Lo afirmó así en una conferencia de prensa en Casa Rosada, según consignó Página 12. Las obras del soterramiento fueron motivo de denuncias por corrupción. El grupo de la familia Macri, a través de la contructora Iecsa, se había adjudicado el proyecto. El pliego incluía que el consorcio ganador debía garantizar el financiamiento. Pero la alianza Odebrecht, Iecsa, la española Comsa y la italiana Ghella no consiguieron el dinero. Por este motivo Mauricio Macri, ya como presidente de la Nación, salió al rescate con un decreto de necesidad y urgencia, derivando 40.000 millones de pesos para financiar la obra.

Los contratos vigentes para este proyecto implicarían una inversión imposible de abordar para el sector público en este contexto, según afirma el Gobierno Nacional. “Es necesario invertir más de 1500 millones de dólares y en el marco de la crisis que existe hoy no podemos llevar adelante una obra de esas características que, además, viene con muchas dificultades ya que están absolutamente paralizadas», detalló Meoni.

El responsable de la cartera de Transporte aseguró que mantiene diálogo con el Gobierno de la Ciudad para definir cuál será el proyecto viable en el futuro. Pero señaló que primero será necesario cerrar la recisión de los contratos actuales y que no impacte en un juicio millonario contra el Estado.

«Tenemos tres etapas de discusión: una de carácter técnico sobre cómo se resuelve y se continúa la obra; una segunda de carácter jurídico, acerca de si es posible esa rescisión sin impacto negativo para el Estado, y una tercera de índole económico, para ver si lo que se reclama y se demanda es justo o no», concluyó.